¿Alguna vez imaginaste que el presidente más poderoso del mundo usaría el sistema judicial de su país como si fuera una lista de pendientes personales? Eso no es ciencia ficción. Eso es lo que está pasando hoy en Estados Unidos, y los números no mienten.
Desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca, una sola frase lo define mejor que cualquier discurso: «Soy su venganza.» Lo dijo en campaña. Y lo está cumpliendo con una precisión que asusta.
«Soy su venganza»: La promesa que Trump convirtió en política de Estado
Hay presidentes que prometen carreteras, hospitales o empleos. Trump prometió venganza. Y eso, en boca de cualquier otro candidato, sonaría a retórica barata. Pero en la boca de Trump, resultó ser un plan de gobierno.
En 2016 ya había dicho que era «la voz» del pueblo. Pero fue en 2023, en plena campaña de regreso, cuando subió la apuesta: «Para aquellos a quienes se les ha hecho daño y se les ha traicionado, soy su venganza.» El público ovacionó. Y el mundo no terminó de procesar lo que eso significaba.
Lo que significa es esto: desde el primer día de su nuevo mandato, Trump indultó a casi 1,600 personas condenadas por los ataques al Capitolio del 6 de enero de 2021. Personas que intentaron impedir la certificación de la victoria electoral de Joe Biden. Ese fue el mensaje de apertura. La venganza no era una metáfora. Era el plan.
El Departamento de Justicia: De guardián a arma
Aquí está el punto más inquietante de todo esto. El DOJ —el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la institución que se supone debe proteger la ley por encima de los intereses políticos— se convirtió, según analistas y abogados consultados, en una herramienta al servicio directo de la agenda personal de Trump.
Representantes demócratas como Jamie Raskin acusaron directamente a Pam Bondi, secretaria de Justicia designada por Trump, de haber convertido al Departamento de Justicia del pueblo en el instrumento de venganza del presidente, describiendo la situación como si Trump ordenara procesos judiciales como si fueran pizzas. CNN
¿Exageración política? Quizás. Pero los hechos le dan sustento a esa metáfora.
470 Represalias: La lista que crece cada día
Aquí está el número que cambia todo: más de 470 personas, organizaciones e instituciones fueron objeto de represalias bajo esta administración. Más de una al día. No es un accidente. Es un patrón.
De esas 470:
- Alrededor de 247 fueron señalados por su nombre directamente, es decir, Trump o su administración los mencionó explícitamente como objetivo.
- Otros 224 enfrentaron represalias más amplias: fiscales y agentes del FBI despedidos o forzados a jubilarse por haber trabajado en casos relacionados con Trump o sus aliados.
Además, se sancionó a medios de comunicación, se penalizó a bufetes de abogados y se marginó a funcionarios considerados «activistas progresistas.» No hay eufemismos que alcancen para describir eso: es la persecución institucionalizada.
El caso de James Comey: Una foto que «amenaza al presidente»
Si quieres entender hasta qué punto ha llegado esto, mira el caso de James Comey, exdirector del FBI despedido por Trump en 2017 mientras la agencia investigaba vínculos de su campaña con Rusia.
Comey enfrentó una primera acusación por cargos de declaración falsa y obstrucción de un procedimiento en el Congreso, que fue desestimada. Luego vino una segunda acusación relacionada con una fotografía que subió a redes sociales mostrando el número 8647 formado con conchas en la playa — número que la administración interpretó como una amenaza contra el presidente número 47. ABC17NEWS
Piénsalo un segundo. Una foto de conchas en la playa terminó en una acusación penal federal. ¿Estamos hablando de justicia o de una novela distópica?
Jerome Powell y la Reserva Federal: Cuando el dinero también es un campo de batalla
No solo los adversarios políticos. Trump apuntó también a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, por negarse a bajar las tasas de interés según los deseos del ejecutivo.
Lo llamó «estúpido» e «inepto» públicamente. Y después, la administración abrió un proceso judicial por supuestos sobrecostos en obras de renovación de las sedes de la Reserva Federal. Un juez terminó anulando esa acción por considerar que era un pretexto para forzar la renuncia de Powell y presionarlo en materia de política monetaria.
En otras palabras: cuando la economía no obedece, también se usa la justicia como látigo.
Más allá de las fronteras: La venganza como política exterior
Lo que hace todavía más complejo este panorama es que la estrategia de Trump no se quedó dentro de las fronteras de EE.UU. La «justicia como arma» también se exportó.
Casos contra figuras como Nicolás Maduro derivaron en acuerdos energéticos con Venezuela. La reciente acusación contra Raúl Castro en Cuba fue interpretada ampliamente como presión para forzar un cambio de régimen en la isla. El patrón es claro: si un gobierno extranjero no coopera, aparece una acusación. Si coopera, el caso se enfría.
¿Es eso justicia internacional o negociación política disfrazada de fiscal?
Los medios bajo fuego: Cuando informar se vuelve peligroso
La libertad de prensa también tiene su lugar en esta lista. Trump presentó una demanda por al menos 10,000 millones de dólares contra el Wall Street Journal por sus reportajes sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein. El New York Times, la BBC y un medio local de Iowa también enfrentan demandas similares.
Analistas lo describen como una forma de censura indirecta: no se prohíbe publicar, pero se amenaza con arruinar financieramente a quien lo haga. El mensaje es claro, aunque nunca se diga en voz alta.
¿Qué dice todo esto sobre la democracia estadounidense?
El abogado y analista Rafael Peñalber lo resumió con una frase que no necesita adornos: la separación de poderes ha desaparecido. El DOJ se convirtió en un arma política de la Casa Blanca, usada tanto contra adversarios domésticos como para presionar a gobiernos extranjeros.
Y lo más alarmante no es que Trump lo esté haciendo. Lo más alarmante es que lo hace abiertamente, sin disimulo, casi con orgullo. Porque sabe que su base lo ve exactamente como él quiere que lo vean: como el guerrero que finalmente les devuelve lo que merecen a los que los traicionaron.
El problema es que en esa narrativa, los «traidores» son jueces, fiscales, periodistas, opositores políticos, directivos de bancos centrales y escritoras que lo acusaron de agresión sexual.
¿En qué momento una democracia deja de serlo? ¿Cuando se rompen las leyes, o cuando las leyes simplemente se redirigen?
Conclusión: La venganza tiene un costo que todos pagamos
Trump prometió ser la venganza de sus seguidores. Y en términos estrictamente literales, está cumpliendo esa promesa. Pero la venganza no es gratis. Cada acusación motivada políticamente erosiona la confianza en las instituciones. Cada fiscal despedido debilita el sistema. Cada demanda contra un medio de comunicación hace que otros periodistas piensen dos veces antes de publicar.
Lo que está en juego no es solo el futuro político de Donald Trump o de sus enemigos declarados. Lo que está en juego es si el sistema de justicia de la primera democracia del mundo puede sobrevivir a ser usada como arma personal de quien tiene el poder.
Esa pregunta no tiene respuesta fácil. Pero ignorarla sería el peor de los errores.
Preguntas Frecuentes (FAQs)
¿Cuántas personas han sido objeto de represalias bajo la administración Trump en su segundo mandato? Más de 470 personas, organizaciones e instituciones han sido señaladas o afectadas por represalias, con un promedio superior a una por día desde el inicio de su mandato.
¿Es legal que el presidente use el Departamento de Justicia contra sus opositores? Formalmente, el presidente tiene influencia sobre el DOJ, pero la tradición democrática establece una separación entre el ejecutivo y la justicia. Varios jueces ya han anulado acciones de la administración por considerarlas pretextos políticos, lo que sugiere que muchas de estas maniobras se mueven en zonas legalmente grises o directamente ilegales.
¿Qué pasó con el caso contra E. Jean Carroll? Carroll acusó a Trump de haberla violado en los años 90. Un jurado determinó en 2023 que hubo agresión sexual, aunque no violación, y en 2024 otro jurado condenó a Trump a pagar más de 83 millones de dólares por difamación. Trump se ha negado a pagar y presentó recursos. En 2025, el DOJ abrió una investigación penal contra Carroll, lo que críticos consideran una represalia directa.