Ecuador se convirtió en el país de Latinoamérica con mayor crecimiento de violencia criminal en 2022, lo que ha tenido un impacto significativo en el sector inmobiliario, especialmente en el mercado de venta de propiedades.
La seguridad se ha convertido en la principal preocupación de los ecuatorianos al momento de elegir un lugar para vivir. Una encuesta inmobiliaria realizada en mayo de 2023 reveló que el 97% de los participantes consideran la seguridad como el factor más importante al seleccionar una vivienda, por encima de cualquier otra ventaja.
El estudio, llevado a cabo por el reconocido portal inmobiliario Plusvalía, indica que la tendencia de búsqueda de inmuebles seguros ha aumentado debido a la creciente ola de inseguridad en el país. Los ciudadanos prefieren barrios con índices bajos o nulos de robos, asaltos e incidentes similares.
A pesar de que un 61.15% de los encuestados siente seguridad en sus barrios, un 67.46% admite que, de alguna manera, sus hogares están expuestos y en riesgo. Esto ha llevado a la adopción de medidas preventivas como la instalación de cámaras de seguridad (58.45%), y la colocación de rejas (57.77%).
Otras medidas incluyen el aumento de iluminación (44.26%), sistemas de alarmas (28.72%), botones de pánico (28.38%), cercos eléctricos (21.28%), y la instalación de puertas blindadas (11.15%).
Aunque un 71.19% ha experimentado situaciones de inseguridad, aproximadamente el 40% considera que los sistemas de seguridad inteligente son eficientes, aunque no los utilizan. Por otro lado, el 30% que sí los emplea, los califica como efectivos.
Los datos muestran que cerca del 60% de los ciudadanos en ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca, residen en casas independientes; el 29.28% en departamentos, y solo el 12.17% en casas dentro de conjuntos habitacionales.
Este informe destaca la importancia de la seguridad en el mercado inmobiliario ecuatoriano y la necesidad de estrategias efectivas para proteger a los ciudadanos en sus hogares.
En este contexto, es importante que las autoridades y el sector privado trabajen juntos para garantizar la seguridad ciudadana y el sector inmobiliario, mediante estrategias efectivas y coordinadas que promuevan una cultura de paz y confianza.